Tras casi 4 meses de aquel señalado 21D donde los extremeños y extremeñas tuvieron que pasar por las urnas, el pasado jueves, al fin, hubo ‘fumata blanca’. Pasadas las 20:00 horas, María Guardiola y Óscar Fernández atendían a los medios de comunicación que habían llegado a un acuerdo de Gobierno para la Junta de Extremadura.
Este acuerdo lo componen 61 puntos y 74 medidas distribuidas en 23 páginas y en 11 áreas distintas: Energía e industria; Sector primario; Sanidad; Inmigración; Rebaja de impuestos; Vivienda; Seguridad, libertad y prioridad nacional; Educación; Familia, natalidad y demografía; Gasto improductivo; Posiciones de VOX en el gobierno.
Precisamente este último punto es quizá el más destacado y por el que hay que empezar a desglosar todas las líneas para entender en qué línea va dicho acuerdo.
En primer lugar, VOX contará con la Vicepresidencia y Consejería de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, una nueva vicepresidencia donde, según se dice, se encargará de «eliminar las trabas burocráticas y administrativas, simplificar procedimientos y eliminar duplicidades, y velar por la eficiencia presupuestaria». También se detalla que se adscriben a esa vicepresidencia las competencias en materia de servicios sociales, inclusión, infancia y familia, las de juventud y las de cooperación internacional al Desarrollo.
La actual Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible también estará encabezada por VOX, con un cambio en su denominación, y por ende, de sus competencias, pasando a ser la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Natural, donde se detallan que «se adscriben a la misma las competencias en materia de agricultura y ganadería, las de la PAC, las de regadíos e infraestructuras rurales, y las de caza, pesca, acuicultura, tauromaquia y medio natural».
En cuanto a seguridad, libertad y prioridad nacional, «se exigirá la aplicación y sin excepciones de la legislación vigente que permite el desalojo inmediato de ocupas ilegales» y también se detalla que «el acceso a todas las ayudas, subvenciones y prestaciones públicas se inspirará en el principio de prioridad nacional».
Dentro del área de educación, destaca que se dará prioridad al producto español en comedores públicos, sobre todo productos de proximidad y de origen Extremadura y España, con el objetivo de «proteger a los consumidores de la indefensión que padecen frente al uso de fitosanitarios prohibidos en España y que son utilizados en países extracomunitarios».
Y cabe destacar el punto de «Gasto improductivo», donde se hace hincapié que «se procederá a reducir al 50% de todas aquellas subvenciones destinadas a sindicatos, organizaciones empresariales y entidades privadas que no acrediten una utilidad pública efectiva, garantizando que los recursos públicos se asignen exclusivamente al servicio de las necesidades de los extremeños». Y también «reducir al mínimo legal las subvenciones a cooperación internaciones al desarrollo».
Una vez que esta acuerdo ya es una realidad, es cuestión de días que la candidata a Presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, se lo comunique al Presidente de la Asamblea de Extremadura para volver a iniciar el proceso y que se convoque un debate de investidura que concluya con un nuevo gobierno en la región.
