Extremadura debería derogar su Ley de reconocimiento a las víctimas del terrorismo, la que se aprobó en 2020. Sería un acierto pleno para caminar hacia el hermanamiento, hacia la fraternidad y hacia el perdón. Con un único objetivo: tratar a todas las víctimas por igual, que es algo que la derecha y la extrema derecha nunca han querido, buscando, decididamente, colocar a unas víctimas por encima de otras. Sus víctimas, las que ellos consideran suyas, no pueden situarse en un plano de superioridad: todas merecen ser reconocidas como tales.
Extremadura debe apostar por una Ley de Reconciliación en lugar de contar con una Ley de reconocimiento a las víctimas del terrorismo. Una norma que mire hacia el futuro y que termine con los tics revisionistas del pasado. Porque nunca ha habido un relato consensuado sobre los años de terrorismo. Tampoco se ha dado entre los historiadores, que aún sostienen debates teóricos, metodológicos e interpretativos sobre los principales procesos sociales y políticos de la época; ni entre los ciudadanos, cada uno con su particular e inexpugnable acervo de recuerdos y relatos heredados.
Porque claro que el terrorismo llevó al paroxismo las dinámicas de enfrentamiento de años anteriores. Pero una sociedad democrática y plural debe hacer un esfuerzo por reconocer la complejidad y dureza de su pasado, con el ánimo de comprender las razones que guiaron a los españoles de entonces a actuar como actuaron, en sus propios términos, según su horizonte de experiencias y expectativas, y no conforme a conceptos o intereses de la política actual, que nada tienen que ver con lo que vivieron o pensaron los españoles de entonces.
Por eso se hace imprescindible acabar con una ley que impone una visión maniquea de la historia, que solo pretende dividir. Frente a su odio, nuestro perdón. Frente a su división, unidad. Y frente a su sectarismo, nuestra reconciliación. La legislación extremeña debe fomentar la reconciliación y nunca ha debido estar entre las potestades del legislador actual juzgar colectivamente a los españoles de entonces, pues contribuye a dividir a la sociedad de hoy a costa del ayer.
El único camino es la elaboración de una ley para todos los extremeños. Una ley que ponga en valor cuestiones fundamentales apoyadas por nuestra sociedad, como es el encuentro entre extremeños y extremeñas, entre españoles y españolas. Un encuentro que no es ni olvido ni negacionismo, sino poner en valor el acuerdo, el consenso, la palabra… Una ley que no recupere miedos del pasado, que evite el revisionismo. Porque la polarización solo consigue llegar al radicalismo y al absurdo.
Llegados a este punto, si es que ha conseguido llegar hasta aquí tras leer esta sarta de barbaridades, el lector o lectora posiblemente tenga el estómago revuelto. Lo párrafos anteriores son un insulto a las víctimas, sí. Pero no son míos. Todas y cada una de las palabras que se citan en este artículo han sido pronunciadas por miembros del Partido Popular y de Vox en Extremadura en el pleno del pasado 9 de octubre, cuando la derecha y la extrema derecha aprobaron la conocida como Ley de Concordia. O bien dichas palabras están recogidas en la exposición de motivos de la propia norma.
Este autor únicamente ha cambiado a las víctimas: las de la Guerra Civil y la Dictadura por las del terrorismo. Porque sí, la mayoría de la Asamblea de Extremadura ha votado a favor de plasmar, negro sobre blanco, que “nunca ha habido un relato consensuado sobre sobre la Segunda República, la Guerra Civil y el Franquismo”. Negacionismo de la barbarie.
Blanqueamiento de un régimen criminal que reprimió, torturó y asesinó a miles de extremeños y de extremeñas que, a día de hoy, todavía siguen enterrados en alguna zanja, bajo los restos de alguna mina o en la cuneta de una carretera. Si no hay un relato consensuado es porque todavía algunos dudan si tildar a los asesinos de criminales o de genocidas.
Cada palabra que la derecha y la extrema derecha han pactado en tan ignominioso texto es otro tiro en la nuca de las miles de víctimas que el fascismo dejó en la región. Porque claro que las víctimas tienen especificidades que deben ser recogidas en la legislación. Precisamente por eso existe una Ley de reconocimiento a las víctimas del terrorismo, porque estas comparten una serie de características que no tienen otras. Y, por ello, las víctimas del franquismo, también contaban con una norma propia.
La nueva Ley de Concordia que el Partido Popular le ha concedido a la extrema derecha no hace sino volver a sepultar la memoria de quienes fueron asesinadas por defender la democracia; de quienes fueron ejecutadas simplemente por ponerse del lado de la legalidad; de quienes fueron aniquiladas de manera sistemática por no abrazar un régimen traidor a este país.
Pero los herederos de los criminales no pueden permitir que la memoria nos recuerde que, en este país se censuró, se silenció, se disparó y se enterró a quienes, con su vida, defendieron y sostuvieron la dignidad de nuestra tierra frente a los mismos señoritos que, igual que ayer, hoy se pasean a caballo por un suelo que consideran que les pertenece.
Por eso, memoria para el 21 de diciembre. Mucha memoria.
